En cuanto a infraestructura se refiere, las oportunidades están en el sur.
Con la reciente aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales y la concentración del Presupuesto de Egresos de la Federación en proyectos sureños, hay una gran oportunidad para el desarrollo de la infraestructura en las zonas centro y sur del país.
Las entidades en el norte del país como Sonora, Nuevo León y Jalisco son entidades que al estar enfocadas en la exportación y oferta de servicios de clase mundial han puesto particular atención en cuanto a redes de comunicación, especialmente carreteras, vías férreas y logística portuaria y aeroportuaria.
Sin embargo, con la reciente aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales y la concentración del Presupuesto de Egresos de la Federación en proyectos sureños, hay una gran oportunidad para el desarrollo de la infraestructura en las zonas centro y sur del país, específicamente en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como en estados aledaños.
Por parte del gobierno federal, se ha hecho del conocimiento público que para este año se habrán cumplido el 60% de todos los compromisos de gobierno de sexenio, y los proyectos faltantes se desarrollarán en diferentes modalidades en el transcurso de los dos años siguientes, con un fuerte involucramiento de la iniciativa privada.
En los próximos años veremos cómo el modelo de Asociación Público Privada tomará cada vez más fuerza, especialmente en el marco del recorte presupuestal que el gobierno federal ha venido haciendo los últimos meses en pro de enfrentar la economía global.
Existe una gran variedad de Proyectos de APP que van desde concesiones, proyectos de inversión en infraestructura de largo plazo, hasta proyectos para Prestación de Servicios (PPS). Este último modelo ha sido particularmente popular, ya que consiste en que un privado desarrolle la infraestructura con base en un contrato de servicios de largo plazo mediante el cual, el inversionista se hace cargo del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los activos y servicios relacionados con la provisión que ofrece. Como contraprestación, una vez iniciada la provisión de servicios, el gobierno efectúa los pagos correspondientes con base en criterios de calidad y desempeño, mismos que deben mantenerse durante la vida del contrato.
